México alcanzará la cobertura universal en salud en 2012. El seguro nacional de salud denominado Seguro Popular, introducido en 2003, garantiza el acceso a un paquete de servicios de salud integrales con protección financiera a más de 50 millones de mexicanos previamente excluidos de la seguridad social. La cobertura universal en México es sinónimo de protección social en salud. Este informe analiza el camino hacia la cobertura universal en sus tres dimensiones de protección: a) contra riesgos para la salud, b) de los pacientes a través de la garantía de calidad de la atención a la salud y c) contra las consecuencias financieras de la enfermedad y las lesiones. Se presenta una discusión conceptual sobre la transición de una seguridad social basada en la condición laboral a la protección social en salud, que implica el acceso a una atención integral de la salud como derecho universal basado en la ciudadanía, plataforma ética de la reforma mexicana. Se describen asimismo las condiciones que llevaron a la reforma, así como su diseño y puesta en marcha, y se discute el proceso de implantación a nueve años de iniciado y las evidencias que dieron origen a actualizaciones y mejoras del programa original. El núcleo del informe se centra en los efectos e impactos de la reforma que se desprenden de la literatura sobre el tema, que incluye artículos científicos y otras publicaciones disponibles. La evidencia indica que el Seguro Popular está mejorando el acceso a los servicios de salud y reduciendo la prevalencia de los gastos en salud catastróficos y empobrecedores, especialmente entre los pobres. Estudios recientes muestran asimismo una mejora en la cobertura efectiva. También se discuten los desafíos prevalentes, incluyendo la necesidad de traducir los recursos financieros en servicios de salud más efectivos, equitativos y sensibles a las expectativas de los usuarios. Se requiere una nueva generación de reformas que incluya medidas sistémicas para consolidar la reorganización del sistema de salud por funciones. El artículo concluye con una discusión sobre las implicaciones de la búsqueda de la cobertura universal de salud en México y su importancia para otros países de ingresos bajos y medios.

México alcanzará la cobertura universal en salud en 2012. El seguro nacional de salud denominado Seguro Popular, introducido en 2003, garantiza el acceso a un paquete de servicios de salud integrales con protección financiera a más de 50 millones de mexicanos previamente excluidos de la seguridad social. La cobertura universal en México es sinónimo de protección social en salud. Este informe analiza el camino hacia la cobertura universal en sus tres dimensiones de protección: a) contra riesgos para la salud, b) de los pacientes a través de la garantía de calidad de la atención a la salud y c) contra las consecuencias financieras de la enfermedad y las lesiones. Se presenta una discusión conceptual sobre la transición de una seguridad social basada en la condición laboral a la protección social en salud, que implica el acceso a una atención integral de la salud como derecho universal basado en la ciudadanía, plataforma ética de la reforma mexicana. Se describen asimismo las condiciones que llevaron a la reforma, así como su diseño y puesta en marcha, y se discute el proceso de implantación a nueve años de iniciado y las evidencias que dieron origen a actualizaciones y mejoras del programa original. El núcleo del informe se centra en los efectos e impactos de la reforma que se desprenden de la literatura sobre el tema, que incluye artículos científicos y otras publicaciones disponibles. La evidencia indica que el Seguro Popular está mejorando el acceso a los servicios de salud y reduciendo la prevalencia de los gastos en salud catastróficos y empobrecedores, especialmente entre los pobres. Estudios recientes muestran asimismo una mejora en la cobertura efectiva. También se discuten los desafíos prevalentes, incluyendo la necesidad de traducir los recursos financieros en servicios de salud más efectivos, equitativos y sensibles a las expectativas de los usuarios. Se requiere una nueva generación de reformas que incluya medidas sistémicas para consolidar la reorganización del sistema de salud por funciones. El artículo concluye con una discusión sobre las implicaciones de la búsqueda de la cobertura universal de salud en México y su importancia para otros países de ingresos bajos y medios.

The reforms made in recent years to the Mexican Health System have reduced inequities in the health care of the population, but have been insufficient to solve all the problems of the MHS. In order to make the right to health protection established in the Constitution a reality for every citizen, Mexico must warrant effective universal access to health services. This paper outlines a long-term reform for the consolidation of a health system that is akin to international standards and which may establish the structural conditions to reduce coverage inequity. This reform is based on a "structured pluralism" intended to avoid both a monopoly exercised within the public sector and fragmentation in the private sector, and to prevent falling into the extremes of authoritarian procedures or an absence of regulation. This involves the replacement of the present vertical integration and segregation of social groups by a horizontal organization with separation of duties. This also entails legal and fiscal reforms, the reinforcement of the MHS, the reorganization of health institutions, and the formulation of regulatory, technical and financial instruments to operationalize the proposed scheme with the objective of rendering the human right to health fully effective for the Mexican people.

Las reformas llevadas a cabo en años recientes al sistema de salud en México han reducido las inequidades en la atención a la salud de la población, pero han sido insuficientes para resolver todos los problemas del Sistema Nacional de Salud (SNS). Para que el derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución sea una realidad para todos los ciudadanos, México se encuentra ante la necesidad de garantizar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud. En este trabajo se delinea una reforma de largo alcance para la consolidación de un sistema de salud, afín con estándares internacionales, que establezca las condiciones estructurales para reducir las desigualdades en cobertura. Esta reforma se plantea a partir de un "pluralismo estructurado" para evitar tanto el monopolio ejercido desde el sector público como la atomización en el sector privado, y no caer en los extremos de procedimientos autoritarios o ausencia de regulación. Esto implica sustituir la actual integración vertical con segregación de grupos sociales, por una organización horizontal con separación de funciones. Implica, asimismo, reformas de tipo jurídico y fiscal, fortalecimiento del SNS, reorganización de las instituciones de salud y formulación de los instrumentos normativos, técnicos y financieros que hagan operativo el esquema propuesto para hacer plenamente efectivo el derecho humano a la salud de los mexicanos.

The reforms made in recent years to the Mexican Health System have reduced inequities in the health care of the population, but have been insufficient to solve all the problems of the MHS. In order to make the right to health protection established in the Constitution a reality for every citizen, Mexico must warrant effective universal access to health services. This paper outlines a long-term reform for the consolidation of a health system that is akin to international standards and which may establish the structural conditions to reduce coverage inequity. This reform is based on a "structured pluralism" intended to avoid both a monopoly exercised within the public sector and fragmentation in the private sector, and to prevent falling into the extremes of authoritarian procedures or an absence of regulation. This involves the replacement of the present vertical integration and segregation of social groups by a horizontal organization with separation of duties. This also entails legal and fiscal reforms, the reinforcement of the MHS, the reorganization of health institutions, and the formulation of regulatory, technical and financial instruments to operationalize the proposed scheme with the objective of rendering the human right to health fully effective for the Mexican people.

Las reformas llevadas a cabo en años recientes al sistema de salud en México han reducido las inequidades en la atención a la salud de la población, pero han sido insuficientes para resolver todos los problemas del Sistema Nacional de Salud (SNS). Para que el derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución sea una realidad para todos los ciudadanos, México se encuentra ante la necesidad de garantizar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud. En este trabajo se delinea una reforma de largo alcance para la consolidación de un sistema de salud, afín con estándares internacionales, que establezca las condiciones estructurales para reducir las desigualdades en cobertura. Esta reforma se plantea a partir de un "pluralismo estructurado" para evitar tanto el monopolio ejercido desde el sector público como la atomización en el sector privado, y no caer en los extremos de procedimientos autoritarios o ausencia de regulación. Esto implica sustituir la actual integración vertical con segregación de grupos sociales, por una organización horizontal con separación de funciones. Implica, asimismo, reformas de tipo jurídico y fiscal, fortalecimiento del SNS, reorganización de las instituciones de salud y formulación de los instrumentos normativos, técnicos y financieros que hagan operativo el esquema propuesto para hacer plenamente efectivo el derecho humano a la salud de los mexicanos.

OBJECTIVE: To develop a generalized cost-effectiveness analysis (GCEA) of the HPV vaccine, hybrid capture screening (HC) and Papanicolaou screening (Pap) in the Mexican context. MATERIALS AND METHODS: From April to August 2007, in Mexico, a GCEA of the interventions was developed for 10 possible scenarios using a Markov model from the public sector perspective as payer. RESULTS: Scenarios considering 80% coverage show an ACER per DALY averted of $16678 pesos for Pap of women between ages 25 and 64, $17277 pesos for HC of women between ages 30 and 64, and $84008 pesos for vaccination of 12-year-old girls. Annual financing of $621, $741 and $2255 million pesos, respectively, is needed for these scenarios. CONCLUSIONS: A selective, combined introduction of Pap-HC screening that considers the comparative advantages of application in different populations and geographical areas is suggested. Additionally, it is suggested to introduce the vaccine once a threshold price of $181 pesos per dose -when the vaccine becomes equal in terms of cost-effectiveness to HC- has been achieved.

OBJETIVO: Realizar un análisis de la relación costo-efectividad generalizada (ACEG) para la vacuna anti-VPH, el tamiz por captura de híbridos (CH) y el tamiz por Papanicolaou en el caso mexicano. MATERIAL Y MÉTODOS: Entre abril y agosto de 2007 se desarrolló en México un ACEG de las intervenciones relacionadas con 10 posibles escenarios en un modelo markoviano, bajo la perspectiva del sector público como pagador. RESULTADOS: Los escenarios con cobertura universal muestran un cociente costo-efectividad por AVISA ganado para el Papanicolaou en mujeres de 25 a 64 años de 16 678 pesos, para el tamiz por CH en mujeres de 30 a 64 años de 17 285 pesos y para la vacuna en niñas de 12 años de 84 008 pesos. El financiamiento anual necesario para estas intervenciones es de 621, 741 y 2 255 millones de pesos, respectivamente. CONCLUSIONES: Se sugiere introducir una combinación selectiva de tamices (Papanicolaou y CH) y considerar las ventajas comparativas de aplicación en distintas poblaciones y áreas geográficas. De manera complementaria, se aconseja introducir la vacuna con un precio umbral de 181 pesos por dosis, equiparable en términos del costo y la efectividad a la CH.

OBJECTIVE: To develop a generalized cost-effectiveness analysis (GCEA) of the HPV vaccine, hybrid capture screening (HC) and Papanicolaou screening (Pap) in the Mexican context. MATERIALS AND METHODS: From April to August 2007, in Mexico, a GCEA of the interventions was developed for 10 possible scenarios using a Markov model from the public sector perspective as payer. RESULTS: Scenarios considering 80% coverage show an ACER per DALY averted of $16678 pesos for Pap of women between ages 25 and 64, $17277 pesos for HC of women between ages 30 and 64, and $84008 pesos for vaccination of 12-year-old girls. Annual financing of $621, $741 and $2255 million pesos, respectively, is needed for these scenarios. CONCLUSIONS: A selective, combined introduction of Pap-HC screening that considers the comparative advantages of application in different populations and geographical areas is suggested. Additionally, it is suggested to introduce the vaccine once a threshold price of $181 pesos per dose -when the vaccine becomes equal in terms of cost-effectiveness to HC- has been achieved.

OBJETIVO: Realizar un análisis de la relación costo-efectividad generalizada (ACEG) para la vacuna anti-VPH, el tamiz por captura de híbridos (CH) y el tamiz por Papanicolaou en el caso mexicano. MATERIAL Y MÉTODOS: Entre abril y agosto de 2007 se desarrolló en México un ACEG de las intervenciones relacionadas con 10 posibles escenarios en un modelo markoviano, bajo la perspectiva del sector público como pagador. RESULTADOS: Los escenarios con cobertura universal muestran un cociente costo-efectividad por AVISA ganado para el Papanicolaou en mujeres de 25 a 64 años de 16 678 pesos, para el tamiz por CH en mujeres de 30 a 64 años de 17 285 pesos y para la vacuna en niñas de 12 años de 84 008 pesos. El financiamiento anual necesario para estas intervenciones es de 621, 741 y 2 255 millones de pesos, respectivamente. CONCLUSIONES: Se sugiere introducir una combinación selectiva de tamices (Papanicolaou y CH) y considerar las ventajas comparativas de aplicación en distintas poblaciones y áreas geográficas. De manera complementaria, se aconseja introducir la vacuna con un precio umbral de 181 pesos por dosis, equiparable en términos del costo y la efectividad a la CH.

Today, the pharmaceutical industry is experiencing a profound transition. Globalization and technological advancement represent the principal pressures for change in the market, where it is increasingly more difficult for this type of industry to efficiently recoup the growing cost of innovation. Mexico needs to analyze the policy implications of these change factors and promote, in the pharmaceutical market, policies that maximize health gains on invested resources. Pharmaceutical policy offers a rare example for a complementary approach between a sound health policy and an efficient economic policy; that is, a "healthy pharmaceutical policy."

Hoy en día, la industria farmacéutica se encuentra en una transición profunda. La globalización y el avance tecnológico representan las principales presiones de cambio para un mercado mundial de medicamentos donde a este tipo de industria le resulta cada vez más difícil recuperar de forma eficiente los costos crecientes de la innovación. México debe analizar las implicaciones en el ámbito político de estos factores de cambio y promover, en el mercado de medicamentos, una política que incremente al máximo las ganancias de salud de los recursos invertidos. La política de medicamentos ofrece un raro ejemplo de complementariedad entre una buena política de salud y una política económica eficiente, es decir, una "política farmacéutica saludable".

Today, the pharmaceutical industry is experiencing a profound transition. Globalization and technological advancement represent the principal pressures for change in the market, where it is increasingly more difficult for this type of industry to efficiently recoup the growing cost of innovation. Mexico needs to analyze the policy implications of these change factors and promote, in the pharmaceutical market, policies that maximize health gains on invested resources. Pharmaceutical policy offers a rare example for a complementary approach between a sound health policy and an efficient economic policy; that is, a "healthy pharmaceutical policy."

Hoy en día, la industria farmacéutica se encuentra en una transición profunda. La globalización y el avance tecnológico representan las principales presiones de cambio para un mercado mundial de medicamentos donde a este tipo de industria le resulta cada vez más difícil recuperar de forma eficiente los costos crecientes de la innovación. México debe analizar las implicaciones en el ámbito político de estos factores de cambio y promover, en el mercado de medicamentos, una política que incremente al máximo las ganancias de salud de los recursos invertidos. La política de medicamentos ofrece un raro ejemplo de complementariedad entre una buena política de salud y una política económica eficiente, es decir, una "política farmacéutica saludable".

Despite having achieved an average life expectancy of 75 years, much the same as that of more developed countries, Mexico entered the 21st century with a health system mared by its failure to offer financial protection in health to more than half of its citizens; this was both a result and a cause of the social inequalities that have marked the development process in Mexico. Several structural limitations have hampered performance and limited the progress of the health system. Conscious that the lack of financial protection was the major bottleneck, Mexico has embarked on a structural reform to improve health system performance by establishing the System of Social Protection in Health (SSPH), which has introduced new financial rules and incentives. The main innovation of the reform has been the Seguro Popular (Popular Health Insurance), the insurance-based component of the SSPH, aimed at funding health care for all those families, most of them poor, who had been previously excluded from social health insurance. The reform has allowed for a substantial increase in public investment in health while realigning incentives towards better technical and interpersonal quality. This paper describes the main features and initial results of the Mexican reform effort, and derives lessons for other countries considering health-system transformations under similarly challenging circumstances.

A pesar de haber alcanzado una esperanza de vida promedio de 75 años, similar a la de países más desarrollados, México ingresó al siglo XXI con un sistema de salud marcado por su incapacidad para ofrecer protección financiera en salud a más de la mitad de su población. Esto es resultado y causa de las desigualdades sociales que han caracterizado el proceso de desarrollo en México. Varias limitaciones estructurales han dificultado el funcionamiento y limitado el avance de su sistema de salud. Consciente de que la falta de protección financiera era su principal debilidad, México ha emprendido una reforma estructural para mejorar el desempeño del sistema de salud mediante el establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), el cual ha introducido nuevas reglas de financiamiento e incentivos. La principal innovación de la reforma ha sido el Seguro Popular de Salud, el componente de aseguramiento del SPSS dirigido al financiamiento de la atención médica para todas aquellas familias, en su mayoría pobres, que históricamente habían sido excluidas de la seguridad social. La reforma ha permitido un incremento significativo en la inversión pública en salud, al tiempo que realinea los incentivos para garantizar una atención de mayor calidad técnica e interpersonal. En este trabajo se describen las principales características y los resultados iniciales de este esfuerzo de reforma de México, y se derivan algunas lecciones para otros países que consideren llevar a cabo transformaciones a su sistema de salud en circunstancias de desafío similares.

Since 2001, Mexico has been designing, legislating, and implementing a major health-system reform. A key component was the creation of Seguro Popular, which is intended to expand insurance coverage over seven years to uninsured people, nearly half the total population at the start of 2001. The reform included five actions: legislation of entitlement per family affiliated which, with full implementation, will increase public spending on health by 0.8-1.0% of gross domestic product; creation of explicit benefits packages; allocation of monies to decentralised state ministries of health in proportion to number of families affiliated; division of federal resources flowing to states into separate funds for personal and non-personal health services; and creation of a fund to protect families against catastrophic health expenditures. Using the WHO health-systems framework, a wide range of datasets to assess the effect of this reform on different dimensions of the health system was used. Key findings include: affiliation is preferentially reaching the poor and the marginalised communities; federal non-social security expenditure in real per-head terms increased by 38% from 2000 to 2005; equity of public-health expenditure across states improved; Seguro Popular affiliates used more inpatient and outpatient services than uninsured people; effective coverage of 11 interventions has improved between 2000 and 2005-06; inequalities in effective coverage across states and wealth deciles has decreased over this period; catastrophic expenditures for Seguro Popular affiliates are lower than for uninsured people even though use of services has increased. We present some lessons for Mexico based on this interim evaluation and explore implications for other countries considering health reforms.

A partir de 2001 se inicia en México un proceso de diseño, legislación e implementación de la Reforma Mexicana de Salud. Un componente clave de ésta fue la creación del Seguro Popular, que pretende extender la cobertura de aseguramiento médico por siete años a la población que no cuenta con seguridad social, la cual constituía en ese momento casi la mitad de la población total. La reforma incluyó cinco acciones: modificar la ley para garantizar el derecho a la protección a la salud para las familias afiliadas, lo cual al ser implantado completamente incrementará el gasto público en salud entre 0.8 y 1.0% del PIB; la creación de un paquete de servicios de salud explícito; la asignación de recursos a secretarías estatales de salud descentralizadas, proporcional al número de familias incorporadas; la división de los recursos federales destinados a los estados en fondos independientes para servicios de salud personales y no personales; así como la creación de un fondo para garantizar recursos cuando se presentan eventos catastróficos en salud. Mediante el uso del marco conceptual de los sistemas de salud de la OMS, se han examinado diversos conjuntos de datos para evaluar el impacto de esta reforma en distintas dimensiones del sistema de salud. Entre los principales hallazgos clave se encuentran que: la afiliación alcanza de manera preferente a las comunidades pobres y marginadas; el gasto federal no correspondiente a la seguridad social aumentó 38% de 2000 a 2005 en términos reales; ha mejorado la equidad del gasto público entre los estados; los afiliados al Seguro Popular presentan una mayor utilización de servicios, tanto a nivel ambulatorio como para pacientes externos y pacientes hospitalarios en comparación con los no asegurados; la cobertura efectiva de 11 intervenciones en salud ha mejorado entre 2000 y 2005; han disminuido las desigualdades en cobertura efectiva durante este periodo en todos los estados y deciles de ingresos; los gastos catastróficos para los afiliados al Seguro Popular son más bajos que los de los no asegurados, a pesar de que se haya incrementado su utilización en México. Este trabajo presenta algunas lecciones para México con base en esta evaluación provisional, así como algunas implicaciones potenciales para otros países que consideran desarrollar reformas en materia de salud.

Explicit priority setting presents Mexico with the opportunity to match the pressure and complexity of an advancing epidemiological transition with evidence-based policies driven by a fundamental concern for how to make the best use of scarce resources to improve population health. The Mexican priority-setting experience describes how standardised analytical approaches to decision making, mainly burden of disease and cost-effectiveness analyses, combine with other criteria -eg, being responsive to the legitimate non-health expectations of patients and ensuring fair financing across households- to design and implement a set of three differentiated health intervention packages. This process is a key element of a wider set of reform components aimed at extending health insurance, especially to the poor. The most relevant policy implications include lessons on the use of available and proven analytical tools to set national health priorities, the usefulness of priority-setting results to guide long-term capacity development, the importance of favouring an institutionalised approach to cost-effectiveness analysis, and the need for local technical capacity strengthening as an essential step to balance health-maximising arguments and other non-health criteria in a transparent and systematic process.

La definición explícita de prioridades en intervenciones de salud representa una oportunidad para México de equilibrar la presión y la complejidad de una transición epidemiológica avanzada, con políticas basadas en evidencias generadas por la inquietud de cómo optimizar el uso de los recursos escasos para mejorar la salud de la población. La experiencia mexicana en la definición de prioridades describe cómo los enfoques analíticos estandarizados en la toma de decisiones, principalmente los de análisis de la carga de la enfermedad y de costo-efectividad, se combinan con otros criterios -tales como dar respuesta a las expectativas legítimas no médicas de los pacientes y asegurar un financiamiento justo para los hogares-, para diseñar e implementar un grupo de tres paquetes diferenciados de intervenciones de salud. Éste es un proceso clave dentro de un conjunto más amplio de elementos de reforma dirigidos a extender el aseguramiento en salud, especialmente a los pobres. Las implicaciones más relevantes en el ámbito de políticas públicas incluyen lecciones sobre el uso de las herramientas analíticas disponibles y probadas para definir prioridades nacionales de salud; la utilidad de resultados que definan prioridades para guiar el desarrollo de capacidades a largo plazo; la importancia de favorecer un enfoque para institucionalizar el análisis ex-ante de costo-efectividad; y la necesidad del fortalecimiento de la capacidad técnica local como un elemento esencial para equilibrar los argumentos sobre maximización de la salud con criterios no relacionados con la salud en el marco de un ejercicio sistemático y transparente.

Since 2001, Mexico has been designing, legislating, and implementing a major health-system reform. A key component was the creation of Seguro Popular, which is intended to expand insurance coverage over seven years to uninsured people, nearly half the total population at the start of 2001. The reform included five actions: legislation of entitlement per family affiliated which, with full implementation, will increase public spending on health by 0.8-1.0% of gross domestic product; creation of explicit benefits packages; allocation of monies to decentralised state ministries of health in proportion to number of families affiliated; division of federal resources flowing to states into separate funds for personal and non-personal health services; and creation of a fund to protect families against catastrophic health expenditures. Using the WHO health-systems framework, a wide range of datasets to assess the effect of this reform on different dimensions of the health system was used. Key findings include: affiliation is preferentially reaching the poor and the marginalised communities; federal non-social security expenditure in real per-head terms increased by 38% from 2000 to 2005; equity of public-health expenditure across states improved; Seguro Popular affiliates used more inpatient and outpatient services than uninsured people; effective coverage of 11 interventions has improved between 2000 and 2005-06; inequalities in effective coverage across states and wealth deciles has decreased over this period; catastrophic expenditures for Seguro Popular affiliates are lower than for uninsured people even though use of services has increased. We present some lessons for Mexico based on this interim evaluation and explore implications for other countries considering health reforms.

A partir de 2001 se inicia en México un proceso de diseño, legislación e implementación de la Reforma Mexicana de Salud. Un componente clave de ésta fue la creación del Seguro Popular, que pretende extender la cobertura de aseguramiento médico por siete años a la población que no cuenta con seguridad social, la cual constituía en ese momento casi la mitad de la población total. La reforma incluyó cinco acciones: modificar la ley para garantizar el derecho a la protección a la salud para las familias afiliadas, lo cual al ser implantado completamente incrementará el gasto público en salud entre 0.8 y 1.0% del PIB; la creación de un paquete de servicios de salud explícito; la asignación de recursos a secretarías estatales de salud descentralizadas, proporcional al número de familias incorporadas; la división de los recursos federales destinados a los estados en fondos independientes para servicios de salud personales y no personales; así como la creación de un fondo para garantizar recursos cuando se presentan eventos catastróficos en salud. Mediante el uso del marco conceptual de los sistemas de salud de la OMS, se han examinado diversos conjuntos de datos para evaluar el impacto de esta reforma en distintas dimensiones del sistema de salud. Entre los principales hallazgos clave se encuentran que: la afiliación alcanza de manera preferente a las comunidades pobres y marginadas; el gasto federal no correspondiente a la seguridad social aumentó 38% de 2000 a 2005 en términos reales; ha mejorado la equidad del gasto público entre los estados; los afiliados al Seguro Popular presentan una mayor utilización de servicios, tanto a nivel ambulatorio como para pacientes externos y pacientes hospitalarios en comparación con los no asegurados; la cobertura efectiva de 11 intervenciones en salud ha mejorado entre 2000 y 2005; han disminuido las desigualdades en cobertura efectiva durante este periodo en todos los estados y deciles de ingresos; los gastos catastróficos para los afiliados al Seguro Popular son más bajos que los de los no asegurados, a pesar de que se haya incrementado su utilización en México. Este trabajo presenta algunas lecciones para México con base en esta evaluación provisional, así como algunas implicaciones potenciales para otros países que consideran desarrollar reformas en materia de salud.

Despite having achieved an average life expectancy of 75 years, much the same as that of more developed countries, Mexico entered the 21st century with a health system mared by its failure to offer financial protection in health to more than half of its citizens; this was both a result and a cause of the social inequalities that have marked the development process in Mexico. Several structural limitations have hampered performance and limited the progress of the health system. Conscious that the lack of financial protection was the major bottleneck, Mexico has embarked on a structural reform to improve health system performance by establishing the System of Social Protection in Health (SSPH), which has introduced new financial rules and incentives. The main innovation of the reform has been the Seguro Popular (Popular Health Insurance), the insurance-based component of the SSPH, aimed at funding health care for all those families, most of them poor, who had been previously excluded from social health insurance. The reform has allowed for a substantial increase in public investment in health while realigning incentives towards better technical and interpersonal quality. This paper describes the main features and initial results of the Mexican reform effort, and derives lessons for other countries considering health-system transformations under similarly challenging circumstances.

A pesar de haber alcanzado una esperanza de vida promedio de 75 años, similar a la de países más desarrollados, México ingresó al siglo XXI con un sistema de salud marcado por su incapacidad para ofrecer protección financiera en salud a más de la mitad de su población. Esto es resultado y causa de las desigualdades sociales que han caracterizado el proceso de desarrollo en México. Varias limitaciones estructurales han dificultado el funcionamiento y limitado el avance de su sistema de salud. Consciente de que la falta de protección financiera era su principal debilidad, México ha emprendido una reforma estructural para mejorar el desempeño del sistema de salud mediante el establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), el cual ha introducido nuevas reglas de financiamiento e incentivos. La principal innovación de la reforma ha sido el Seguro Popular de Salud, el componente de aseguramiento del SPSS dirigido al financiamiento de la atención médica para todas aquellas familias, en su mayoría pobres, que históricamente habían sido excluidas de la seguridad social. La reforma ha permitido un incremento significativo en la inversión pública en salud, al tiempo que realinea los incentivos para garantizar una atención de mayor calidad técnica e interpersonal. En este trabajo se describen las principales características y los resultados iniciales de este esfuerzo de reforma de México, y se derivan algunas lecciones para otros países que consideren llevar a cabo transformaciones a su sistema de salud en circunstancias de desafío similares.